La Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá que la Policía instale troyanos

Por Pedro Delgado |

Otra ley más del Gobierno viene a acabar con Internet como lo conocemos. Se trata de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permitirá que la Policía nos espíe fácilmente. Entre las acciones permitidas está la instalación de troyanos o la obligación de entregar datos privados.

De momento la Ley de Enjuiciamiento Criminal se ha aprobado en el Senado y este mismo mes pasará previsiblemente por el Congreso para entrar en vigor justo antes de las elecciones.

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La nueva ley viene con polémicas ya que la privacidad del usuario se pone en juego y los términos no están lo suficientemente definidos. En la práctica cualquiera podría ser un supuesto criminal al que investigar.

La Ley de Enjuiciamiento Criminal es tan amplia que permite que la Policía pueda instalar troyanos en ordenadores de sospechosos de delitos informáticos. La cuestión es que no se establece la gravedad de los mismos, por lo que se podría actuar sobre cualquier sospechoso. El juez tendrá que interpretar cada caso, y según abogados especializados, no están preparados para ello.

Libertad para colarte un troyano

Como ejemplo, podría estar que si insultas a un político en Twitter se podría poner tu caso en investigación e instalarte un troyano.

Asimismo los agentes de Policía tienen la posibilidad de hacerse pasar por otras personas en conversaciones online y enviarte archivos con troyanos. Lo podrían hacer por cualquier medio como son redes sociales, foros, apps de mensajería instantánea, email o redes P2P. Los abogados especializados aseguran que se podría producir un abuso policial.

Imagen - La Ley de Enjuiciamiento Criminal permitirá que la Policía instale troyanos

Los datos privados con acceso libre

Otro artículo polémico de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es que los operadores, proveedores de hosting y cualquier empresa tecnológica está obligada a entregar datos cifrados de los usuarios si lo requiere un juez.

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Así las empresas se convierten en chivatas de sus clientes. Esto es comprensible hasta cierto punto pero genera finalmente una inseguridad jurídica que afecta a la creación de empresas.

Por tanto, muchas empresas se verían obligadas a actuar desde fuera para poder protegerse del gobierno y garantizar la privacidad a sus usuarios.

Vía: El Confidencial

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