Nueva medida que levantará seguro mucha polémica y es que en poco tiempo el Gobierno podrá cerrar una web sin ningún tipo de aprobación y rápidamente en lo que se ha denominado como el “155 digital” a través del Real Decreto-ley 14/2019 del 31 de octubre.
El Real Decreto-ley fue aprobado ayer en la Diputación Permanente con 50 votos a favor, 10 en contra y 8 abstenciones y ya hoy ha quedado publicado en el BOE o Boletín Oficial del Estado, por lo que su aplicación en cualquier caso es inminente cuando sea necesario.
Con esta medida, desde el Gobierno se pretende asegurar la intervención de Internet en momentos muy puntuales con solo alegar motivos de seguridad pública y nacional, aunque también cuando esas comunicaciones pudiesen afectar al orden público.
Ya no hará falta orden judicial
Esta ley no solo permitirá al Gobierno realizar una intervención de las comunicaciones como ya hemos dicho, esto se amplía a la posibilidad de cerrar cualquier web sin ningún tipo de aprobación de por medio, es decir, no hará falta tener una orden judicial.
Hasta el momento no era así, pero esto ha cambiado radicalmente con este Real Decreto-ley, y será ahora el Gobierno el que podrá directamente cerrar cualquier web que considere que pueda estar poniendo en peligro la seguridad del país, para así protegerla.
En cualquier caso, es una medida que se aplicará única y exclusivamente en situaciones muy excepcionales y cuando se cumplan ciertas condiciones en nuestro país, por ejemplo, en algún tipo de episodio de revuelta muy grave o situaciones similares.
Viene además para parar definitivamente lo que se ha denominado la “República Digital Catalana”. Precisamente esta medida también evitará que se cree este ente digital que pretendía ser independiente del Estado para controlar ciertos aspectos.
A modo de curiosidad, la medida ha sido aprobada con los votos del PSOE, PP y Ciudadanos, mientras que el partido Ahora Podemos se ha abstenido. Por supuesto, las críticas han comenzado a llegar, tanto de partidos como desde asociaciones y juristas y van en la dirección de que se trata de una decisión cuanto menos muy polémica.
Básicamente esto puede coartar la libertad y puede ser una medida inconstitucional, algo que habrá que ver cuando alguien la recurra ante el Tribunal Constitucional. Lo que queda claro es que está aprobada y el Gobierno podrá cerrar webs rápidamente sin aprobación.
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