La polémica sobre el decreto del Gobierno para intervenir Internet sigue generando reacciones, y ahora se presentado un recurso ante el Defensor del Pueblo, que pretende cancelar las modificaciones realizadas sobre la Ley General de Telecomunicaciones.
El llamado "decretazo digital" fue aprobado a finales de octubre de 2019 como respuesta a la crisis en Cataluña, pero su contenido ha generado dudas, porque los poderes que da al Gobierno sobre Internet son demasiado amplios y genéricos.
El Gobierno podría intervenir la infraestructura de Internet sin autorización judicial en un supuesto de "amenaza grave e inmediata para el orden público, la seguridad pública o la seguridad nacional", que son situaciones serias, pero poco concretas.
De hecho, el Ejecutivo ya había aprobado el cierre de webs piratas sin autorización judicial cuando las infracciones fueran reincidentes, algo que también generó dudas.
Ahora el Defensor del Pueblo ha recibido un recurso conjunto de una serie de organizaciones y abogados, incluyendo la Asociación de Internautas y Facua, que creen que la libertad de expresión se vería afectada, y que el Gobierno podría aplicar la censura previa o secuestrar contenido digital.
Las modificaciones fueron presentadas por Pedro Sánchez como una forma de controlar la "república digital catalana" tras los disturbios por la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes independentistas.
Si bien el Gobierno no llegó a hacer uso de sus nuevos poderes para intervenir Internet, la nueva redacción de la ley es preocupante, pues abre muchos supuestos que permitirían interrumpir las comunicaciones digitales sin que un juez lo autorice.
El Defensor del Pueblo deberá decidir si tramitar el recurso, en cuyo caso acabaría ante el Tribunal Constitucional, y la Ley General de Telecomunicaciones podría verse recortada, o incluso volver a su redacción original.
Las circunstancias desde que se presentó el "decretazo digital" han cambiado mucho, y el recurso contra el control gubernamental de Internet está a cargo de los defensores de los derechos digitales, mientras que el tema catalán ha pasado a segundo plano.
Quim Torra, en su condición de presidente autonómico, o el Parlament catalán podrían presentar el recurso ante el Tribunal Constitucional, pero no se han planteado hacerlo, a pesar de su rechazo a la medida.
Hace un tiempo una iniciativa similar logró que el Tribunal Constitucional impidiese la recogida de datos de ciudadanos por los partidos, así que hay un claro precedente del poder judicial limitando el control tecnológico del Gobierno.
Y es que la capacidad del Gobierno para intervenir Internet por razones de "orden público" es peligrosa, pues da un excesivo margen de acción que supone un riesgo de que los derechos de los ciudadanos se vean afectados.
¿Qué opinas de este tema? ¿Crees que el Gobierno debe tener la opción de regular Internet en situaciones de especial gravedad?
Vía Eldiario.es
- Ver Comentarios